Los actuales estatutos de la Universidad de Chile, que funcionan desde hace un par de años han incorporado instancias como el Senado Universitario, las cuales según las autoridades universitarias y gubernamentales han implicado la democratización y modernización de la institución, pues incorporan la participación estamental de estudiantes y funcionarios no académicos.
Al contrario, nosotros creemos que la democratización de la Universidad es una tarea pendiente, ya que a lo más se ha modificado el mecanismo formal de toma de decisiones y superficialmente las normas institucionales. La lógica que impera, y se nota cada vez que las autoridades defienden a los estatutos, es que el gobierno universitario está reservado a los académicos de elite, quienes por “mérito” alcanzan tal “honor”. La democracia, así entendida, queda relegada a un mero procedimiento… votación, sufragio de los académicos… y del mismo modo, la efectiva capacidad de decisión de las mayorías (democracia) es equiparada por ellos como un “fascismo de las mayorías”.
Es preciso acotar, que los actuales estatutos son creados a raíz de las movilizaciones nacionales de 1997, en la cual, la FECH logra el acuerdo de Rectoría de entrar en un proceso de revisión de los anteriores Estatutos, que fue sancionado por la realización de varios Referendums internos triestamentales (1998), en los que se dan una serie de lineamientos a la elaboración del nuevo proyecto de Estatuto. Se nombra un “Comisión Normativa Transitoria”, con representación “triestamental” para que hagan la propuesta. Si bien era triestamental, estaba lejos de ser paritaria: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios no-académicos a los que se suma el Rector como “Presidente”, o sea 75,7%, 18,9% y 5,4% respectivamente. En la práctica, la Comisión a través de la propuesta de nuevos Estatutos, lo que hizo, fue prolongar su misma estructura, a través del “Senado Universitario”. Se llega a esta propuesta definitiva el 2001.
Se dijo bastante en ese entonces, por parte de casi todos los sectores políticos, que esta propuesta sería un golpe mortal a la LOCE en tanto contemplaba la “participación triestamental” y durante las movilizaciones del año 2002 la Federación reforzó su compromiso con la propuesta de estatutos, pasando por alto que los representantes de funcionarios y estudiantes en conjunto no tienen ni siquiera el quórum suficiente para proponer un tema en tabla. Así, reinando la armonía entre Rectoria y Estudiantes, se pasó al siguiente paso, el proceso de presión política para su aprobación. En la práctica el gobierno no los tomó en cuenta hasta que en una decisión “audaz”, el Rector decidió impulsar de facto la nueva normativa, empezar a funcionar internamente bajo esa dinámica. Así, a fines del 2002 se eligen los miembros de lo que será, provisoriamente, la “Comisión Especial – Senado Universitario” la cual se reúne por primera vez en Marzo del 2003.
Paralelamente, durante los años 2002-2004 se negocia con el gobierno una fórmula para lograr su aprobación, en tono de “buenos amigos”, prometiendo la Concertación que podría ser aprobado por Decreto de Fuerza de Ley. La propuesta es enviada al Ministerio de Hacienda y al de Educación, que lo reenvían con “correcciones”. Se hace una contrapropuesta que, en su mayor parte, es despreciada. Esto es digno de mención… si el Estatuto era bastante tibio en su base, la propuesta finalmente defendida por la Universidad y la Federación fue patética.
Pongamos sólo un ejemplo. En la propuesta original, art. 6, se señalaba: “Dado el carácter de institución nacional, estatal y pública de la Universidad de Chile, el Estado tiene la obligación de proveer los recursos que aseguran el cumplimiento de su misión, así como su estabilidad, continuidad y desarrollo institucional. La Universidad responde ante la Nación con la realización de su labor, el adecuado uso de los recursos asignados y su compromiso de excelencia, además de ejercer las funciones de fe pública que la Ley, el Estado y la Sociedad le encomiendan”. Pero tras el paso por los Ministerios de Educación y Hacienda, volvió “reformulado”: “El patrimonio de la Universidad de Chile está constituido por sus bienes y por los ingresos que le corresponda percibir: a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos de la Nación y los otras leyes especiales le otorguen; b)Los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados y solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban cancelar sus alumnos; c) Los ingresos que perciba por prestación de servicios; d) Los bienes muebles o inmuebles de que sea propietaria y los que adquiera en el futuro a cualquier título; e)Los frutos de sus bienes; f) La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de conformidad con la ley; g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas naturales o jurídicas.”
Los Estatutos de la Chile: Una Cortina Democrática frente a una Realidad Autoritaria
Si tomamos en cuenta el proceso que dio origen a los actuales estatutos, no es de extrañar que la madeja organizativa que concentra el poder en un puñado de académicos se mantenga inalterable, legitimando y profundizando con velo democrático, una institucionalidad fuertemente autoritaria y excluyente.
En esta pirámide organizativa, cuyo patrono supremo es el Presidente de la República[1], se encuentra a la cabeza el rector, personaje con las más amplias atribuciones, con capacidad de “dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel”[2], participando en su elección exclusivamente los académicos pertenecientes a las tres mas altas jerarquías. El único que lo puede subrogar es el Prorrector, nombrado por el rector y ratificado por el Consejo Universitario.
Un poco más abajo encontramos al Consejo Universitario, presidido por el Rector, y conformado por los decanos de las facultades y en el que los estudiantes y funcionarios pueden participar a través de un sólo representante con derecho únicamente a voz. Dicho consejo se limita principalmente a ratificar los designios del Rector[3].
Paralelamente, pero siempre por debajo de las otras dos estructuras, encontramos la joyita “democrática” de los estatutos: el Senado Universitario. Obviando lo irrisorio de la estructura “triestamental” (con 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios) que no permite ni a estudiantes ni funcionarios juntos poner siquiera un tema en tabla, lo fundamental es que a través de este espacio de representatividad de carácter accesorio, cuya única función relevante –en la práctica- es ratificar decisiones previamente zanjadas por el Rector o el Consejo[4], se pretende hacernos creer que la comunidad universitaria que no pertenece a la elite académica tiene injerencia real en la definición de políticas universitarias de largo alcance. Peor aún, si ya de por sí la única instancia con voz y voto para estudiantes y funcionarios tiene un peso insignificante, nuestros “representantes” no tienen ningún vínculo directo con nosotros, los estudiantes y funcionarios de base, monopolizando en función de intereses partidistas sus burocráticos y mezquinos cargos.
A nivel local la situación tampoco es de las mejores. Campus, Facultades y unidades académicas de rodillas frente al poder central concentrado en rectoría, con participación anecdótica de estudiantes y funcionarios, completan el cuadro, y como guinda de la torta, casi toda la izquierda universitaria haciéndole el juego al autoritarismo, reconociendo “el avance democrático” de los nuevos estatutos y lanzándose de lleno a disputar en función de sus miserables intereses las migajas que caen desde arriba.
Todo lo anterior se ha evidenciado fuertemente en las últimas movilizaciones que han sucedido en la Universidad. Por ejemplo, en el conflicto que se dió en torno al Proyecto Bicentenario en el campus Juan Gomez Millas se determinó, gracias a la movilización de estudiantes y funcionarios, que algunas cuestiones del proyecto debían ser redefinidas por la comunidad universitaria en su conjunto[5], como fue el caso del endeudamiento de las facultades involucradas. En ese marco, se dejó en manos del senado universitario la decisión de los detalles del procedimiento para tomar tal decisión, en tanto que se consideraba al senado la instancia institucional más democrática y representativa de la Universidad. La decisión del senado en esa oportunidad, como era de esperar, fue desfavorable para la mayoría movilizada, ya que el referendum -propuesto por los mismos movilizados- terminó teniendo una ponderación mayor para el voto de los académicos y la condición de que si ese mismo estamento no votaba en contra del endeudamiento, la votación de los estudiantes y funcionarios no era suficiente[6]. Para resumir, el senado estableció reglas favorables a la ratificación del proyecto tal cual estaba presentado en un comienzo, haciendole el juego a los de siempre y demostrando una vez más que no podemos dejar en manos de otros luchas que nos son propias.
Nadie peleará por nosotros, debemos seguir construyendo, fortaleciendo y democratizando nuestras propias organizaciones para luchar. No todo está perdido. Gracias a la lucha del 97 se instaló la necesidad de una orgánica distinta para la Chile, y nuevamente, si somos capaces de ir desde abajo impulsando una alternativa distinta podremos avanzar en el co-gobierno y en una triestamentalidad real y paritaria, que nos permita dentro del marco de la autogestión, entendida ésta no como autofinancimiento sino como la capacidad colectiva y realmente democrática de injerir en el rumbo de la U, construir una “Chile” y una educación no mercantil, pública y fraterna con los oprimidos y explotados.
[1] Estatutos de la Universidad de Chile, Título I, Artículo 9
[2] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 1, Del Rector de la Universidad de Chile
[3] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 2, Del Consejo Universitario
[4] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 3, Del Senado Universitario
[5] Tomando en cuenta que el Proyecto Bicentenario, como toda decisión de importancia, fue diseñado por una cúpula de autoridades de la Universidad.
[6] Es necesario aclarar, a fin de no dar pie a confusiones, que si se decidió negociar y delegar ciertas decisiones al senado no fue por ignorancia de los movilizados, sino por cierto desgaste percibido en la movilización, cuestión que hizo menos probable pelear por las demandas sin tener que tranzar.
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