Alto al alza de aranceles

“Estamos en un período de reflujo en las luchas del movimiento estudiantil” dicen varias agrupaciones políticas en los distintos espacios universitarios. Los análisis son variados, sin embargo, no son excusa para deshacer el trabajo y la experiencia acumulada al calor de las movilizaciones. ¿Las mallas curriculares están pensadas en el desempeño social de las carreras? ¿El mecanismo de ingreso (P.S.U.) ya no es elitista? ¿La educación dejó de ser un privilegio y pasó a ser un derecho? ¿La educación pública está al servicio del pueblo? Si la respuesta a estas preguntas es negativa –y lo es– no se justifica la poca participación estudiantil de este año.

Razones no faltan para movernos, y en medio de todas estas problemáticas el conflicto que emerge de manera más concreta y urgente es el alza de aranceles que afectará el bolsillo de todas nuestras familias. Este aumento es siempre justificado por el alza del IPC (Índice de Precios del Consumidor), pero aunque este año el IPC fue negativo (-1,1) los aranceles, lejos de bajar, subirán groseramente (se habla de entre un 14 y un 18%). O sea, otro gasto que se suma al que diariamente realizamos en materiales de estudio, ropa, comida, transporte, techo, entre varios otros, todo indispensable para desarrollar una vida digna.

Ante todo esto, la FECH se ha limitado a mandar informativos sobre lo perjudicial que sería la continuación de las alzas y a redactar una carta al Rector en la que señala la necesidad de congelar los aranceles. Iniciativas que, si bien necesarias, son completamente insuficientes si lo que buscamos es incidir de verdad en esta nefasta práctica de autofinanciamiento, pues chocan contra una institucionalidad muy poco democrática y una triestamentalidad ficticia expresada por ejemplo, en el Senado Universitario. Por otro lado, no es mucho lo que podemos esperar de una mesa directiva FECH copada por el reformismo y alejada de los estudiantes de base, sin capacidad de convocar en forma sincera y desde abajo a un proceso de lucha real.

Sin embargo, en la otra vereda podemos mirar los últimos sucesos en la U. de Conce, en donde l@s compañer@s acaban de dar una lucha ejemplar. Tras un mes y medio de movilizaciones lograron el congelamiento de aranceles por tres años y que desde el 2012 se aumentarán los aranceles de acuerdo al IPC del momento. También se disminuirá el costo de la matrícula en un 30%. Ambos beneficios para todas las generaciones. Lo que además muestra la posibilidad de movilizaciones en el segundo semestre y no sólo en la temporada otoño-invierno.

Entonces, el llamado es claro: la Universidad de Chile se está privatizando hace años y, mientras más se retrasen los procesos necesarios para detener esta tendencia neoliberal, más serán los derechos perdidos y mayor tendrá que ser la fuerza de la respuesta estudiantil. Si bien el ejemplo de nuestr@s compañer@s en Concepción está todavía lejos de transformar el sistema educativo de nuestro país, el congelamiento efectivo de los aranceles es sólo el primer paso hacia la restitución de nuestro derecho a la educación. Es desde estas pequeñas demandas que debemos ser capaces de tensionar la mercantilización de la educación hacia la gratuidad, el acceso igualitario, la triestamentalidad real y la socialización de la educación. Se trata, pues, de transformar nuestra casa de estudio en una institución al servicio de las mayorías, en una universidad que realmente sea de todos.
Un movimiento estudiantil que no es capaz de dar la lucha por demandas concretas y urgentes, no puede pretender levantarse por cambios de fondo. Urge la organización, urge la participación activa, urge la solidaridad, urge nuestro compromiso con los excluidos y oprimidos por el Estado y el Capital.

Arriba lxs que Luchan.

1er Ciclo de Documentales: Movimiento Social Latinoamericano

1er. Ciclo de Documentales en la Escuelita de Gobierno de la U. de Chile. En esta primera muestra, exhibiremos 3 documentales que reflejan las distintas perspectivas y dinámicas de los Movimientos Sociales Latinoamericanos. Tendremos invitados del mundo social, académicos y un espacio de diálogo común que nos aproxime hacia un reconocimiento de las contradicciones, luchas y conflictos que azotan nuestro continente.

-Miércoles 6 de Mayo, 16:00 hrs. “FASINPAT" (Dir. Daniele Incalcaerre, Argentina, 2004)

En el año 2004 se estrena un documental de 68 minutos de duración sobre la historia de FaSinPat. Fue producido y dirigido por el cineasta italiano Daniele Incalcaterra. Inesperadamente tomó una postura innovadora desde la visión de un ciudadano italiano, en la que defiende a los trabajadores, debido a que allí se ha dado un manejo mediático que intenta respaldar a Luigi Zanón y desacreditar la lucha obrera considerándola un despojo al capital de su dueño.


-Miércoles 13 de mayo, 16:00hrs. “Caminantes” (Dir. Fernando León de Aranoa, México 2001)

Documental dirigido y producido por Fernando León de Aranoa, que muestra la expectación creada en la localidad de Nurio ante la próxima llegada del Ejército Zapatista con el propósito de reconocer los derechos culturales de la población indígena, a la par que la visión que de este periplo viajero se tiene desde este ejército revolucionario, por parte del subcomandante Marcos.


-Miércoles 27 de Mayo, 16:00 hrs. “El Juicio a Pascual Pichún” (Dir. María Teresa Larraín, Chile, 2007)

Al sur de Chile, donde vastas plantaciones forestales abren las puertas a mercados internacionales pero causan estragos en el medio ambiente y en la vida del comunero mapuche, dos vecinos: un poderoso terrateniente y un respectado lonko mapuche se enzarzan en una disputa de tierras. Una noche la casa del terrateniente arde en llamas. El terrateniente acusa a su vecino y sin escuchar sus protestas de inocencia lo lleva a la corte, lo que enciende la furia del pueblo mapuche. Sin embargo, incendios similares arrasan con las forestales, forzando a muchos terratenientes a dejar sus predios. Los que quedan, están dispuestos a dar la batalla. Así, lo que parecía una simple disputa entre vecinos, se transforma en El Juicio de Pascual Pichun, en un choque brutal entre dos culturas, dos visiones opuestas, quizás irreconciliables del mundo. María Teresa Larraín. Cineasta chilena independiente, estudia leyes y teatro en Chile, para luego mudarse a Canadá, donde reside por más de 28 años. Regresa a Chile con la realización de El Juicio de Pascual Pichun. Su trabajo se ha centrado en materias sociales y, logra traspasar las fronteras de documental y ficción.

La democratización de la Universidad y la farsa de la actual institucionalidad

Los actuales estatutos de la Universidad de Chile, que funcionan desde hace un par de años han incorporado instancias como el Senado Universitario, las cuales según las autoridades universitarias y gubernamentales han implicado la democratización y modernización de la institución, pues incorporan la participación estamental de estudiantes y funcionarios no académicos.

Al contrario, nosotros creemos que la democratización de la Universidad es una tarea pendiente, ya que a lo más se ha modificado el mecanismo formal de toma de decisiones y superficialmente las normas institucionales. La lógica que impera, y se nota cada vez que las autoridades defienden a los estatutos, es que el gobierno universitario está reservado a los académicos de elite, quienes por “mérito” alcanzan tal “honor”. La democracia, así entendida, queda relegada a un mero procedimiento… votación, sufragio de los académicos… y del mismo modo, la efectiva capacidad de decisión de las mayorías (democracia) es equiparada por ellos como un “fascismo de las mayorías”.

Es preciso acotar, que los actuales estatutos son creados a raíz de las movilizaciones nacionales de 1997, en la cual, la FECH logra el acuerdo de Rectoría de entrar en un proceso de revisión de los anteriores Estatutos, que fue sancionado por la realización de varios Referendums internos triestamentales (1998), en los que se dan una serie de lineamientos a la elaboración del nuevo proyecto de Estatuto. Se nombra un “Comisión Normativa Transitoria”, con representación “triestamental” para que hagan la propuesta. Si bien era triestamental, estaba lejos de ser paritaria: 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios no-académicos a los que se suma el Rector como “Presidente”, o sea 75,7%, 18,9% y 5,4% respectivamente. En la práctica, la Comisión a través de la propuesta de nuevos Estatutos, lo que hizo, fue prolongar su misma estructura, a través del “Senado Universitario”. Se llega a esta propuesta definitiva el 2001.

Se dijo bastante en ese entonces, por parte de casi todos los sectores políticos, que esta propuesta sería un golpe mortal a la LOCE en tanto contemplaba la “participación triestamental” y durante las movilizaciones del año 2002 la Federación reforzó su compromiso con la propuesta de estatutos, pasando por alto que los representantes de funcionarios y estudiantes en conjunto no tienen ni siquiera el quórum suficiente para proponer un tema en tabla. Así, reinando la armonía entre Rectoria y Estudiantes, se pasó al siguiente paso, el proceso de presión política para su aprobación. En la práctica el gobierno no los tomó en cuenta hasta que en una decisión “audaz”, el Rector decidió impulsar de facto la nueva normativa, empezar a funcionar internamente bajo esa dinámica. Así, a fines del 2002 se eligen los miembros de lo que será, provisoriamente, la “Comisión Especial – Senado Universitario” la cual se reúne por primera vez en Marzo del 2003.

Paralelamente, durante los años 2002-2004 se negocia con el gobierno una fórmula para lograr su aprobación, en tono de “buenos amigos”, prometiendo la Concertación que podría ser aprobado por Decreto de Fuerza de Ley. La propuesta es enviada al Ministerio de Hacienda y al de Educación, que lo reenvían con “correcciones”. Se hace una contrapropuesta que, en su mayor parte, es despreciada. Esto es digno de mención… si el Estatuto era bastante tibio en su base, la propuesta finalmente defendida por la Universidad y la Federación fue patética.

Pongamos sólo un ejemplo. En la propuesta original, art. 6, se señalaba: “Dado el carácter de institución nacional, estatal y pública de la Universidad de Chile, el Estado tiene la obligación de proveer los recursos que aseguran el cumplimiento de su misión, así como su estabilidad, continuidad y desarrollo institucional. La Universidad responde ante la Nación con la realización de su labor, el adecuado uso de los recursos asignados y su compromiso de excelencia, además de ejercer las funciones de fe pública que la Ley, el Estado y la Sociedad le encomiendan”. Pero tras el paso por los Ministerios de Educación y Hacienda, volvió “reformulado”: “El patrimonio de la Universidad de Chile está constituido por sus bienes y por los ingresos que le corresponda percibir: a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos de la Nación y los otras leyes especiales le otorguen; b)Los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados y solicitudes a la Universidad, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban cancelar sus alumnos; c) Los ingresos que perciba por prestación de servicios; d) Los bienes muebles o inmuebles de que sea propietaria y los que adquiera en el futuro a cualquier título; e)Los frutos de sus bienes; f) La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de conformidad con la ley; g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas naturales o jurídicas.”

Los Estatutos de la Chile: Una Cortina Democrática frente a una Realidad Autoritaria

Si tomamos en cuenta el proceso que dio origen a los actuales estatutos, no es de extrañar que la madeja organizativa que concentra el poder en un puñado de académicos se mantenga inalterable, legitimando y profundizando con velo democrático, una institucionalidad fuertemente autoritaria y excluyente.

En esta pirámide organizativa, cuyo patrono supremo es el Presidente de la República[1], se encuentra a la cabeza el rector, personaje con las más amplias atribuciones, con capacidad de “dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel”[2], participando en su elección exclusivamente los académicos pertenecientes a las tres mas altas jerarquías. El único que lo puede subrogar es el Prorrector, nombrado por el rector y ratificado por el Consejo Universitario.

Un poco más abajo encontramos al Consejo Universitario, presidido por el Rector, y conformado por los decanos de las facultades y en el que los estudiantes y funcionarios pueden participar a través de un sólo representante con derecho únicamente a voz. Dicho consejo se limita principalmente a ratificar los designios del Rector[3].

Paralelamente, pero siempre por debajo de las otras dos estructuras, encontramos la joyita “democrática” de los estatutos: el Senado Universitario. Obviando lo irrisorio de la estructura “triestamental” (con 27 académicos, 7 estudiantes y 2 funcionarios) que no permite ni a estudiantes ni funcionarios juntos poner siquiera un tema en tabla, lo fundamental es que a través de este espacio de representatividad de carácter accesorio, cuya única función relevante –en la práctica- es ratificar decisiones previamente zanjadas por el Rector o el Consejo[4], se pretende hacernos creer que la comunidad universitaria que no pertenece a la elite académica tiene injerencia real en la definición de políticas universitarias de largo alcance. Peor aún, si ya de por sí la única instancia con voz y voto para estudiantes y funcionarios tiene un peso insignificante, nuestros “representantes” no tienen ningún vínculo directo con nosotros, los estudiantes y funcionarios de base, monopolizando en función de intereses partidistas sus burocráticos y mezquinos cargos.

A nivel local la situación tampoco es de las mejores. Campus, Facultades y unidades académicas de rodillas frente al poder central concentrado en rectoría, con participación anecdótica de estudiantes y funcionarios, completan el cuadro, y como guinda de la torta, casi toda la izquierda universitaria haciéndole el juego al autoritarismo, reconociendo “el avance democrático” de los nuevos estatutos y lanzándose de lleno a disputar en función de sus miserables intereses las migajas que caen desde arriba.

Todo lo anterior se ha evidenciado fuertemente en las últimas movilizaciones que han sucedido en la Universidad. Por ejemplo, en el conflicto que se dió en torno al Proyecto Bicentenario en el campus Juan Gomez Millas se determinó, gracias a la movilización de estudiantes y funcionarios, que algunas cuestiones del proyecto debían ser redefinidas por la comunidad universitaria en su conjunto[5], como fue el caso del endeudamiento de las facultades involucradas. En ese marco, se dejó en manos del senado universitario la decisión de los detalles del procedimiento para tomar tal decisión, en tanto que se consideraba al senado la instancia institucional más democrática y representativa de la Universidad. La decisión del senado en esa oportunidad, como era de esperar, fue desfavorable para la mayoría movilizada, ya que el referendum -propuesto por los mismos movilizados- terminó teniendo una ponderación mayor para el voto de los académicos y la condición de que si ese mismo estamento no votaba en contra del endeudamiento, la votación de los estudiantes y funcionarios no era suficiente[6]. Para resumir, el senado estableció reglas favorables a la ratificación del proyecto tal cual estaba presentado en un comienzo, haciendole el juego a los de siempre y demostrando una vez más que no podemos dejar en manos de otros luchas que nos son propias.

Nadie peleará por nosotros, debemos seguir construyendo, fortaleciendo y democratizando nuestras propias organizaciones para luchar. No todo está perdido. Gracias a la lucha del 97 se instaló la necesidad de una orgánica distinta para la Chile, y nuevamente, si somos capaces de ir desde abajo impulsando una alternativa distinta podremos avanzar en el co-gobierno y en una triestamentalidad real y paritaria, que nos permita dentro del marco de la autogestión, entendida ésta no como autofinancimiento sino como la capacidad colectiva y realmente democrática de injerir en el rumbo de la U, construir una “Chile” y una educación no mercantil, pública y fraterna con los oprimidos y explotados.

[1] Estatutos de la Universidad de Chile, Título I, Artículo 9
[2] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 1, Del Rector de la Universidad de Chile
[3] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 2, Del Consejo Universitario
[4] Estatutos de la Universidad de Chile, Párrafo 3, Del Senado Universitario
[5] Tomando en cuenta que el Proyecto Bicentenario, como toda decisión de importancia, fue diseñado por una cúpula de autoridades de la Universidad.
[6] Es necesario aclarar, a fin de no dar pie a confusiones, que si se decidió negociar y delegar ciertas decisiones al senado no fue por ignorancia de los movilizados, sino por cierto desgaste percibido en la movilización, cuestión que hizo menos probable pelear por las demandas sin tener que tranzar.

La Elitización de la Universidad de Chile

“La tan cacareada igualdad de oportunidades es otra de las falacias con la que se procura ocultar la ideología del sistema escolar. La igualdad de oportunidades supone que cualquier individuo, no importa su condición social (…) con tal de que esté adornado con un mínimo de dones naturales y se empeñe y quiera, podrá escalar los últimos peldaños de la pirámide escolar y, en consecuencia, acreditarse para desempeñar las importantes posiciones con que la sociedad recompensa a los esforzados (…) Según esta tesis la “movilidad social” se fundamenta en la existencia de los dones intelectuales, noción intrínsecamente ideológica”

Francisco Gutiérrez, Educación como praxis política

La elitización de la Universidad de Chile es un fenómeno constante, que se ha expresado fuertemente en los últimos años a través de dos ejes. Uno es la elitización económica, la cual se evidencia a través de las cifras de la situación económica familiar de los estudiantes, cuyo promedio es, a todas luces, muy superior a lo que muestran otros planteles universitarios. Pero existe una segunda forma de elitización, que guarda relación con los aspectos ideológicos, y se transparenta en el modelo de gestión y el proyecto institucional, y por cierto en las orientaciones que poseen las políticas universitarias, los discursos de las autoridades universitarias, las líneas de investigación y la extensión. Ambas situaciones se retroalimentan, se potencian mutuamente, nos interesa evidenciar esta situación, y a partir de ahí generar una propuesta para enfrentarla.

Desde el 2007, se genera la propuesta de “Nuevo Trato con el Estado”, la cual se plantea desde las autoridades como un cambio radical en la orientación de la Universidad, recuperando supuestamente su sentido público. Para nosotros, entre toda su palabrería de “lo público”, se filtran ciertos elementos que develan hasta qué punto la ideología oficial de la Universidad es elitista.

Por ejemplo, uno de los objetivos de la propuesta de Nuevo Trato, apunta a: Que la Universidad de Chile debe ser preservada en su papel de principal universidad del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su capacidad académica instalada, su riqueza epistemológica, su diversidad social y su compromiso con los principios democráticos, por el volumen y la calidad de sus actividades, por su vocación nacional y por su independencia respecto de intereses sectoriales y particulares. El diagnóstico que hacemos, dista mucho del realizado en la formulación de este objetivo, especialmente en dos aspectos, que son, al menos, discutibles.

En primer lugar, esta Universidad se caracteriza estar altamente elitizada, desde un punto de vista socioeconómico, como queda claro por los diversos índices que caracterizan la matrícula y permanencia en la U, en vista de eso, es absurdo plantear que existe “diversidad social”.

En ese sentido, es preciso volver a recordar cuál es la noción de diversidad social y pluralismo que tienen las autoridades universitarias. En Enero del 2007, (Viernes 19 de enero de 2007) el Vicerrector Iñigo Díaz se jactaba de la composición “pluralista” de los estudiantes que ingresaron a la Universidad de Chile. Señalaba: "si uno analiza los datos estadísticos, es interesante observar que de los cinco mil mejores puntajes de la PSU, la Universidad de Chile capta al 35%, es decir cerca de dos mil alumnos. Y la composición de esos cinco mil es otra cosa que nos tiene muy contentos, porque de alguna manera marca el sello de la Universidad de Chile. Eso dice relación con la connotación de nuestra Casa de Estudios como universidad pública, nacional y pluralista. La composición de ese 35% de estudiantes que prefirieron a la Universidad de Chile refleja un Chile más real y de verdad. Eso nos motiva y obliga a dar lo mejor de nosotros, para su desarrollo tanto personal como su formación académica"

La composición que el vicerrector consideraba completamente pluralista, es la siguiente: de esos estudiantes con puntajes altos, el 27% proviene de establecimientos municipalizados, 25% de subvencionados y 48% de colegios pagados.

Es notoria la diferencia, el contraste, con los porcentajes reales de la Educación Media en Chile, la cual, diferenciando los distintos subsistemas es la siguiente: la educación particular pagada cubre solo al 7%, la particular subvencionada el 43% y la municipal el 50%. Saque sus propias conclusiones.

No hay que dar vuelta la espalda a la realidad. Los ingresos familiares, los indicadores de la PSU, los aranceles, y otros indicadores económicos de los estudiantes de la U de Chile están muy por encima del promedio de las universidades. Es lamentable que solo una minoría privilegiada acceda actualmente a la Universidad que se dice de todos los chilenos. Pero desde esta base hay que partir, para combatir y denunciar a quienes pretenden dar la espalda a la realidad de la sociedad chilena, y establecen políticas que acentúan esta elitización económica.

Un segundo aspecto que creemos relevante precisar, es la supuesta “vocación nacional” e “independencia respecto de intereses sectoriales y particulares” planteada en su diagnóstico. En ese sentido, creemos que la elitización que existe actualmente en la Universidad de Chile, no es tan solo un problema de orden económico-social. También se expresa en aspectos ideológicos, en diversas áreas del quehacer universitario.

Un ejemplo de ello, es la búsqueda de matrículas en los colegios más cuicos de Chile, para evitar que esos estudiantes se vayan a la Universidad Católica, lo cual ha sido ejecutado durante al menos los últimos tres años a través de costosas campañas de marketing enfocadas a este tipo de colegio, y ha sido objeto especial de preocupación de rectoría y de decanos de distintas facultades.
Otro ejemplo de este fenómeno, es el carácter de las líneas de investigación en que se concentra la Universidad. En el área de la tecnología, por ejemplo, desarrollando estudios que apuntan al incremento de la ganancia privada de grandes empresas transnacionales, ignorando completamente el desarrollo de una tecnología al servicio del desarrollo de la sociedad. Un ejemplo concreto es el convenio desplegado por la Universidad durante los últimos años con la empresa salmonera Aqua Chile, destinado a investigar para potenciar esas inversiones. Esta empresa, opera en la X región, y ha sido ampliamente denunciada por pescadores artesanales, dirigentes sindicales de las salmoneras y activistas medioambientales, dentro y fuera del país, por el desastre ambiental y social en la cual está implicada. La Universidad de todos los chilenos, menos de los trabajadores de la X región, de los pescadores artesanales y de quienes protegen la naturaleza.

Todo este diagnóstico crítico que presentamos, creemos, no debe ser motivo para renegar del financiamiento de las universidades estatales, lo cual creemos muy importante. Pero es evidente que mayor financiamiento estatal no redundará necesariamente en un cambio de orientación en la Universidad. En la actualidad, un mayor financiamiento estatal no basta para cambiar el horizonte de la Universidad. ¿De qué sirve mayor aporte estatal si finalmente se utiliza para investigaciones al servicio de las transnacionales, y no en función de los intereses sociales? ¿Y de qué sirve un mayor aporte estatal para una Universidad que llega a los sectores más acomodados de la población? Un cambio real de orientación, pasa por una transformación a nivel del sistema educativo en forma global, con la participación de las mayorías sociales de este país, los trabajadores, los estudiantes, en definitiva, los sectores populares. Por eso, nuestra apuesta es la construcción de un proyecto educativo popular y autogestionario, desde las bases mismas de la sociedad, para acabar con este sistema educativo mercantil, autoritario, elitista y ajeno a los intereses sociales.

Esta propuesta, pasa hoy en día por organizar un amplio movimiento de base de estudiantes, articulados en torno a la construcción de poder estudiantil, y en articulación con el campo popular, que desarrolle una línea de trabajo clara en la Universidad para combatir, denunciar y transformar las finalidades, orientaciones y políticas emanadas por las autoridades universitarias, en la Chile y en el conjunto del sistema educacional.

Extraído del Boletín Informativo de la base Fel U de Chile, Tribuna Libertaria

Desde abajo... A fortalecer las organizaciones para luchar

El escenario actual de la lucha por la educación se caracteriza por el reflujo que se comenzó a experimentar, luego de la aprobación de la LGE por la Cámara de Diputados y por la aparente y ya típica inactividad de las vacaciones. Sin embargo, gracias al trabajo que han hecho las organizaciones de base del estudiantado, se logró mantener abierto el debate con respecto al problema educacional con un cierto grado de agitación y movilización en el segundo semestre.

Pensamos que esta situación no es casual. Si bien podríamos enfatizar una serie de falencias por parte del actual movimiento estudiantil, nos interesa en este momento destacar una potencialidad enorme, que se ha demostrado en la capacidad de lucha y acción directa durante el año pasado. Se trata, en el fondo, del carácter de las organizaciones que hemos constituido y de la dinámica que han tomado, desde abajo, un segmento importante de estudiantes universitarios y secundarios.

Tomamos como referente, la construcción de cordones comunales y territoriales, donde nos organizamos como estudiantes universitarios y secundarios, los cuales se coordinaron a través de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS) en Santiago, y que se formaron en diversas zonas del país. A través de los cordones y otras instancias similares, se han dinamizado las movilizaciones, y se ha tendido a democratizar el movimiento estudiantil.

No hay que dejar, en todo caso, de pensar en la relevancia que pueden tener en algunos momentos espacios de organización más tradicionales, pues muchas veces estos espacios logran contener el reflujo, aunque también pueden volverse en un nicho para la incubación de grupos que hacen el juego burocrático. En las movilizaciones del año pasado, los espacios representativos tradicionales, llámese federaciones o centros de estudiantes, carecían de convocatoria y manejo, por lo que debieron sumarse a las convocatorias de la ACEUS. En ese sentido, sería relevante impulsar la democratización de los espacios de Federación forzándolos a asumir nuevas lógicas más acordes con la nueva dinámica del movimiento: horizontalidad, acción directa, representación por medio de voceros mandatados y revocables, etc.

Al mismo tiempo, sería interesante que durante este nuevo año, al calor de la lucha contra la LGE, recuperemos y fortalezcamos las organizaciones de base territorial. En ese sentido, vemos con preocupación la instalación de ciertas coordinaciones y alianzas exclusivamente entre grupos y colectivos de izquierda que, si bien en muchas ocasiones apuestan a la movilización del estudiantado, en términos de organización, están pensando más en fortalecerse ellos mismos que a la lucha social que libra el conjunto del estudiantado. Esto implica una dosis de sectarismo muy negativo para todos.

Se trata de una situación frecuente, que consideramos bastante negativa en la medida en que los compañeros se restan de la participación en instancias amplias y combativas, e incluso pueden llegar a afectar el desarrollo de movilizaciones. Por cierto nos parece lógico que todos los grupos aspiren a fortalecer su propio proyecto, pero creemos que se trata de aportar prioritariamente a la causa común, enfrentando unidos la progresiva mercantilización del sistema educacional, que afecta a la clase en su conjunto.

Nuestra intención, sin duda, es construir coordinación, compartir ideas, lecturas y propuestas comunes, tejer redes de cooperación y solidaridad entre grupos con orientación clasista e intención revolucionaria. Pero también creemos que este trabajo cae fácilmente en el vacío si se piensa como reemplazo de la tarea central en el actual contexto, que implica desafíos mayores.

Para nosotros, esta tarea principal pasa por fortalecer las organizaciones transversales y de base que se ha dotado actualmente el movimiento estudiantil, pasa también por recalcar el carácter de clase del problema educacional desde el seno mismo de las instancias amplias de coordinación y articulación, y por cierto, pasa por recalcar la importancia del combate directo a las estructuras de dominación implicadas en la educación.

Extraído del Boletín informativo de la base Fel U de Chile, Tribuna Libertaria